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Efecto de la iniciativa del CERMI para ampliar la hipoteca inversa a todos los grados de dependencia

Recientemente el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha llevado a cabo una iniciativa para plantear al Gobierno que se modifique la ley que regula la hipoteca inversa, para que ésta pueda ampliarse a todas las personas con discapacidad, no solo a las personas en situación de grave o gran dependencia.

Si bien es más que loable este iniciativa, pensamos que no va a suponer, incluso en el caso de que se aceptaran las peticiones por parte del Gobierno, un aumento en el número de contrataciones por el colectivo en su condición de dependientes, debido a las características del producto.

Hay que recordar, que la hipoteca inversa se articula como una cuenta de crédito más un seguro de rentas vitalicias diferidas (en el caso de las hipotecas inversas vitalicias), exclusivamente para mayores de 65 años, o dependientes en situación de grave o gran dependencia. A través del producto, se recibe una disposición mensual, cuyo importe depende de la edad y del valor de la vivienda a hipotecar: cuanto más mayor se es, y más vale la vivienda, más renta mensual se puede percibir.

La ley de la hipoteca inversa promueve la contratación del producto mediante la inclusión de una serie de ventajas fiscales y reducción de tasas notariales y registrales.

La realidad es que a día de hoy, la mayoría de las operaciones se concentran en los tramos de más edad, y se dan muy pocos casos en que los contratantes de una hipoteca inversa sean menores de 70 años, dado que todavía les quedan muchos años para llegar a su esperanza de vida, o lo que es lo mismo, el importe del préstamo se tiene que repartir en muchas mensualidades que para una persona más mayor, por lo que las cuotas mensuales a percibir no suelen satisfacer las necesidades, a no ser que se cuente con una vivienda de un importe muy elevado, o las necesidades no sean muy altas. La mayoría de las operaciones se concentran en personas de mayor edad.

Por tanto, aunque el Gobierno amplíe a todos los grados de dependencia la posibilidad de firmar una hipoteca inversa, y por tanto se pueda contratar aunque sean menores de 65 años, el efecto real de esta medida apenas tendrá impacto en el número de contrataciones.

No obstante, no está demás recordar al Gobierno que este es un producto que puede resolver las necesidades de liquidez de nuestors mayores, sean dependientes o no, y que sin embargo no cuenta con el marco regulatorio adecuado para su desarrollo, lo que impide el acceso a este recurso a miles de personas a las que les hace falta, especialmente en un país como España, en donde contamos con las pensiones públicas más bajas de Europa y cuya sostenibilidad es muy dudosa, y no contamos con planes de previsión proivados.

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